URGEN POLÍTICAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL
Varios análisis y las cifras oficiales develan un proceso de desaceleración en la economía boliviana. El pico de crecimiento del PIB se reportó en el tercer trimestre de 2013, llegando a 7.29% y desde entonces la tendencia ha sido hacia la baja, llegando a 4.8% en el segundo trimestre de 2014 y 3.34% (el menor valor) en el primer trimestre de 2017. Desde entonces la recuperación fue lenta, cerrando el tercer trimestre de ese año con 4.28% del PIB.
Una de las variables que puede explicar, entre otras, este resultado, es la Inversión Privada Nacional. Entonces cabe la pregunta de ¿cómo fue su desempeño en 2017? Lo primero a comentar es que las cifras de Formación Bruta de Capital Fijo (privado) no han sido publicadas y ello debería suceder hacia finales de marzo. Entre tanto, se han realizado estimaciones en base al comportamiento de la cartera del sistema financiero boliviano.
La lógica del cálculo es intuitiva; cuando el sector privado busca realizar una inversión acude a financiamiento crediticio en su mayoría. Entonces, el crecimiento de la cartera del sistema financiero debería indicar el incremento de financiamiento al sector privado. Si a ese incremento se le resta el crédito de consumo y la compra de vivienda previamente existente, el dato es una aproximación bastante útil para visualizar la inversión privada nacional.
Aplicando dicha metodología, se calculó de manera consistente la inversión nacional desde 2010 hasta 2017 y se puede apreciar un pico en 2015, con un valor superior a US$ 2.498 millones, para luego descender a US$ 2.377 millones en 2016 y US$ 2.203 millones en 2017. Es decir, hay una tendencia a la baja en los últimos tres años, que se produce no obstante las metas de crédito impuestas desde el gobierno sobre las entidades financieras (metas de crédito productivo). Sectores como comercio y servicios no son parte de las metas, de modo que podrían ser estos segmentos los que explican esta menor dinámica.
Desde 2016 el sector privado ha venido realizando propuestas de política en varias mesas de dialogo con el gobierno nacional, con el objetivo de impulsar mayor inversión privada generadora de empleos e ingresos para el país y la sociedad. El propósito de este esfuerzo no es solo evitar que la inversión baje, sino levantar diversas barreras para que suba, acompañe y se complemente con la inversión pública. Más aún, en un contexto de menores rentas de recursos naturales y menos ingresos fiscales, el rol de la inversión privada debería ser mayor para sostener el crecimiento.
Los dos pasados años el sector privado ha trabajado preparando iniciativas que se han planteado en diversas oportunidades a las autoridades y cabe notar que al presente se han registrado avances, pero de manera muy lenta y en varios casos inconclusa. Ahora, es claro ahora que las demoras tienen un costo y juegan en contra de todos, privados, gobierno y país en su conjunto.
En una agenda urgente y compartida, es necesario afianzar acuerdos como los logrados en el ámbito de la construcción, la participación de empresas nacionales y las garantías. Es importante ejecutar rápidamente ajustes a la normativa. En el campo tributario también hubo acuerdos y cabe valorar la apertura de las autoridades; sin embargo, también es necesario señalar las demoras en las decisiones. El sector privado ha demostrado amplitud y compromiso con el país, más allá de la coyuntura contaminada por agendas distintas a la productiva. Se ha acompañado esfuerzos positivos como el plan de empleo y otras iniciativas dispersas. Pero todo ello, no es suficiente tal como las cifras hoy lo confirman.
Existe un sentido de urgencia que queremos compartir con quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones; la demora tiene costos y las agendas tienen ventanas de oportunidad limitadas. Entre tanto, los problemas se profundizan y eventualmente, pasaran factura, poniendo en riesgo avances económicos y sociales que se deben preservar.