IMPULSAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL PAÍS

Varios organismos especializados han proyectado que el crecimiento de la economía boliviana fluctuará este año alrededor de 4%, ubicando al país entre los más dinámicos de la región. Sin duda esa es una buena noticia, pero también esos organismos alertan problemas importantes en la economía. Lo que sucede es que el crecimiento se está desacelerando rápidamente y lo que lo sostiene es el consumo y el efecto fiscal expansivo (gasto corriente e inversión pública, esta última con un rezago importante en su ejecución). La economía enfrenta déficits gemelos (Fiscal y Externo) y el consumo de los colchones y reservas no puede garantizar un crecimiento positivo y sostenido.

De hecho, a mediados de octubre pasado las Reservas del Banco Central cayeron por debajo del umbral de los US$ 10 mil millones, reportando una pérdida de US$ 453 millones desde finales de agosto. Este nivel todavía es importante, pero como en el caso de otras variables, lo que preocupa es la tendencia y la velocidad del deterioro.

El tipo de crecimiento que estamos logrando está basado en el impulso al consumo, que en muchos casos deriva en más importaciones y contrabando, no así en mayor producción nacional y más empleo formal. En nuestra perspectiva, un crecimiento sostenido debería estar sustentado en mayor inversión privada nacional y extranjera, mayor énfasis en el mercado externo y la promoción de sectores no tradicionales.

Los factores que al presente limitan mayores inversiones son diversos y pueden ser agrupados de manera amplia en i) problemas con la certidumbre jurídica y la volatilidad del marco normativo; ii) problemas con políticas específicas que afectan transversalmente a todos los sectores como la política laboral que se ha endurecido en extremo e impide ampliar inversiones y empleo, la subida en los costos laborales sin que exista mayor productividad; iii) el contrabando y la informalidad que desplaza a la producción nacional; iv) la política tributaria que se traduce en sobre regulación y problemas de fiscalización para unos cuantos contribuyentes formales y visibles, además de costos altos en sectores clave como la minería, hidrocarburos y últimamente el sector financiero. Por último, la ausencia total de incentivos para la inversión que, a pesar de existir una ley de promoción de inversiones, ésta no se ha concretado ni en incentivos sectoriales generales ni los denominados específicos.

Para el caso de la inversión extranjera (que cayó en 2016 a US$ 410 millones), existen determinantes clave en la decisión de invertir, que tienen relación con el marco de seguridad jurídica, limitaciones a la transferibilidad de derechos como en minería, y otros problemas transversales como la ausencia de un esquema de arbitraje y solución de controversias en el ámbito internacional.

Varios factores multidimensionales afectan la llegada de inversión al país. Por un lado se requiere estabilidad macroeconómica, aspecto que Bolivia tiene a favor, pero con sombras que van ganando espacio (tipo de cambio apreciado, déficits gemelos, subida en endeudamiento y caída de reservas internacionales, entre otras). El riesgo político puede ser considerado bajo si analizamos otros contextos, aunque en contrapartida el tamaño del mercado interno es pequeño para inversiones grandes en ámbitos fuera de los Recursos Naturales, a lo que se debe sumar el hecho que en los años de bonanza no hemos logrado hacer funcionar y mejorar los acuerdos comerciales para ampliar mercados.

La Inversión Extranjera también valora el comportamiento del tipo de cambio, que debe ser ante todo competitivo. En el caso boliviano, existe un rezago claro, particularmente en el tipo de cambio real multilateral, lo que hace menos atractivo invertir en sectores en los que los productos deberían competir en mercados internacionales. Al presente, por la poca diversificación, se dice que las exportaciones son poco elásticas al tipo de cambio. Pero si se quiere diversificar la oferta exportable, tal situación debería cambiar.

Ya se comentó antes lo relativo a la política de empleo y los costos laborales, además de los problemas asociados al ámbito tributario que también desincentivan la inversión extranjera. A ello, corresponde sumar la complejidad normativa que deriva en sanciones diversas y muchas veces arbitrarias. Sobre los derechos de propiedad, importa la contundencia con que se los garantice y, en varios ámbitos, los avasallamientos y la afectación de ingresos, particularmente en inversiones en el turismo y la hotelería rurales, minas y otros, derivan en señales negativas para la inversión.

Desde 2016 el sector privado nacional ha venido formulando propuestas para mejorar en varios de los ámbitos señalados, ello con el objetivo de contribuir a que la inversión sea el principal factor de crecimiento del país. Concluida la bonanza internacional y ahora que enfrentamos el desafío de hacer sostenible el crecimiento alcanzado, debemos todos dialogar en busca de resultados sin mayor demora.