LOS AJUSTES A LA AGENDA RUMBO AL BICENTENARIO
El pasado 26 de enero, el presidente Evo Morales anunció la decisión de ajustar algunos componentes de la “Agenda Patriótica”, un ambicioso plan de Estado, elevado a rango de Ley en enero de 2015 y que establece las metas que deben ser alcanzadas por el país hasta el 2025, cuando celebraremos los 200 años de independencia. La Agenda consta de 13 pilares y tiene como horizonte la construcción de “una sociedad más incluyente, participativa, democrática, sin discriminación, racismo, odio, ni división”.
En términos generales, este plan de largo plazo incluye objetivos como la erradicación de la pobreza, industrialización, seguridad alimentaria, diversificación productiva, atracción de mayor inversión extranjera, universalización de servicios básicos, incremento de la producción agrícola y pecuaria, tecnificación del agro, eliminación del minifundio y del latifundio, salud y educación universal y muchos más, que constituyeron la orientación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2016 – 2020.
Aunque suscitó una serie de críticas de algunos sectores, la Agenda 2025 es un Plan de Estado que tiene una visión integral y arquetípica del país que se quiere construir, a partir de un enfoque ideológico claro y sobre los principios que define la nueva Constitución. Los avances logrados hasta ahora, a tres años de implementarse, serán analizados desde el Viceministerio de Planificación, que además tendrá la responsabilidad de plantear los ajustes, a partir de una evaluación previa del PND.
Probablemente uno de los aspectos que deben corregirse en esta etapa de ajustes planteados por el Presidente, sea la tendencia que tuvo el gobierno al diseñarla, de excluir a los sectores productivos del debate y las definiciones, especialmente en los ámbitos que terminarán siendo su responsabilidad como la producción, la generación de empleo, la inversión y la tecnificación. Si se mantiene la exclusión sistemática de quienes, a partir de la práctica, tienen el conocimiento y la posibilidad de implementar las metas en el ámbito de la economía, cualquier intento de mejora, tendrá una visión parcial y menores probabilidades de resultar exitosa.
Un segundo componente imprescindible, es asumir que la evaluación y el análisis, deben tener una adecuada lectura de la realidad interna y el contexto externo, que genere interpretaciones sin exitismos ni desafectos, entendiendo que la población boliviana precisa de planes realizables, sostenibles y efectivos, que solucionen problemas estructurales y no solamente planteamientos atractivos ante la opinión pública.
Es evidente que las perspectivas no son las mismas que existían en 2013 cuando se empezó a construir la Agenda. El ciclo de los altos precios de las materias primas ha terminado; los avances en industrialización no han sido suficientes; hay una desaceleración en el crecimiento; las inversiones externas no han llegado y los déficits paralelos empiezan a generar incertidumbre y preocupación. Si no tenemos la capacidad de entender que estas y otras variables son realidades presentes y crecientes, los ajustes pueden resultar insuficientes para garantizar la efectividad de un plan a largo plazo.
Finalmente, es importante que se evalúen los objetivos y las metas, no solo en términos de su redefinición sino de su número y alcance. Es preferible ser más efectivo que ambicioso; y plantearse numerosas metas que además dependen de factores externos, va a generar que destinemos esfuerzos y recursos –que son cada vez más escasos–, en lugar de dedicarnos a objetivos alcanzables en el mediano plazo.
El gobierno está ante una oportunidad, pero sobre todo ante una gran responsabilidad de plantear una agenda que no solamente responda a los desafíos futuros, sino que pueda dar soluciones concretas y eficientes a los problemas que ya existen y que demandan acciones que trasciendan las coyunturas y las emergencias.