OBLIGADOS A ENTENDERNOS
Durante los 10 últimos años, los empresarios demandamos al gobierno un espacio de intercambio de opiniones y socialización de propuestas que ayudarán a diseñar eficientes políticas económicas, corrigieran las falencias de las leyes y advirtieran de los problemas que se avecinaban. Sin embargo, pudo más la soberbia institucionalizada y la autosuficiencia excluyente, que la sensatez para aprovechar la mejor época de bonaza económica de nuestra historia, y la lucidez para generar estrategias de prevención en tiempo de dificultades.
Lo más penoso es que las consecuencias de esta arrogancia del poder terminaron pagándolas los ciudadanos más pobres, que sufrieron los efectos de las malas decisiones, las políticas deficientes y la falta de previsión.
En las últimas gestiones, más de 100 proyectos factibles y consistentes, elaborados por los diversos sectores empresariales en todas las áreas de la economía, y presentados públicamente o entregados a diferentes reparticiones del gobierno, fueron desechados sin haber sido leídos. Quizá el ámbito que mostró con más claridad esta actitud fue el laboral, donde el gobierno decidió romper todo diálogo con los privados y negociar normas e incrementos únicamente con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana.
Como resultado, en 10 años la informalidad laboral subió casi 10 puntos, aumentó la tasa de subocupación, disminuyó el porcentaje de personas que trabajan 40 horas por semana, las que no reciben ningún tipo de aguinaldo y las que ganan menos del mínimo nacional.
Pese a la evidencia, el gobierno se negó sistemáticamente a reunirse con el sector empresarial para tratar el tema, aunque con esta decisión contravenía el Convenio 131 de la OIT y dejaban en falta al propio Estado boliviano. Durante mi gestión como presidente de la CEPB, realizamos una representación ante ese organismo internacional, logrando que la OIT emitiera un reclamo formal a nuestro Estado. En una muestra de absoluta irresponsabilidad, las autoridades bolivianas prefirieron vulnerar un acuerdo internacional antes que abrir un espacio de diálogo.
Pero también hay otras áreas donde la exclusión ha generado serios perjuicios. Los magros resultados en la política de exploración hidrocarburífera, la caída en las inversiones extranjeras, el crecimiento del empleo precario, la falta de diversificación, la desindustrialización y la insuficiente guerra contra el contrabando no tendrían la dimensión que hoy evidenciamos, si se hubiera escuchado la opinión de los empresarios y productores, que conocen de la economía real, de los salarios de fin de mes y de las oportunidades y riesgos del mercado.
Un gobierno que tiene la suficiente legalidad y legitimidad no puede asumir una visión reduccionista y maniquea de la realidad, donde todo se mida en la dualidad amigo – enemigo, y menos excluir y discriminar a los que producen y generan riqueza, porque entonces limita las posibilidades de bienestar y ralentiza el desarrollo del pueblo al que se debe.
Las autoridades deben entender que el diálogo inclusivo, la coordinación y la cooperación entre los diversos sectores de la ciudadanía y las instituciones del Estado no son debilidad; al contrario, constituyen mecanismos idóneos de gobernanza que permiten mejorar la gestión, disminuir los conflictos y fortalecer su propia legitimidad.
Por todo ello, es de esperarse que la reunión que sostuvieron en días pasados la Confederación de Empresarios Privados y el gobierno -la primera después de 17 meses de gestión-, sea el inicio de una etapa diferente que abra los espacios necesarios para construir un futuro donde todos seamos partícipes y donde el éxito se mida por el bienestar inclusivo, equilibrado y sostenible, y que este aparente cambio de actitud no sea parte de una estrategia de imagen que solo busque justificar decisiones ya tomadas de antemano.